Autor: Silvio Aristizábal Giraldo
En este artículo me propongo realizar una breve reseña de dos eventos recientes realizados en Costa Rica, relacionados con el envejecimiento y la vejez: la Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, y la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10.
Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe
La CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- y con ocasión de los 10 años del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid 2002)
(http://www.eclac.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/7/36787/Env_Plandeaccion2002.pdf), convocó la Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, evento que tuvo lugar del 8 al 11 de Mayo de 2012 en San José de Costa Rica. La Conferencia, en la cual participaron delegados de los diferentes países, tenía como finalidad hacer seguimiento a los compromisos de la Segunda Conferencia intergubernamental (Brasil 2007) y al Plan de Acción Internacional (Madrid 2002).
En la Segunda Conferencia intergubernamental en el Brasil (2007), se había decidido enfocar el tema del envejecimiento desde la perspectiva de los derechos. Como consecuencia de dicha decisión se ha venido insistiendo en la necesidad de que Naciones Unidas adopte una Convención para la protección de los derechos de la vejez y nombre un Relator Especial para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores.
La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de A. Latina y el Caribe(http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/44901/CR_ CartaESP. pdf),documento resultante de la Tercera Conferencia intergubernamental, exhorta a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar a las personas viejas los derechos humanos, reconocidos en los distintos instrumentos nacionales e internacionales, pero, además, garantizarles los derechos especiales derivados de su condición de personas viejas. En este marco programático propone las acciones que se deben seguir en temas como salud, seguridad social, servicios sociales, empleo, migración, feminización del envejecimiento, derecho a una vejez activa, a la vivienda, la educación y el buen trato, derecho a la información, a la participación, a las actividades culturales, recreativas y artísticas, entre otros.
Para Elisa Dulcey-Ruiz, directora de Cepsiger Fundación para el desarrollo humano y social (Bogotá, Colombia), un hecho importante en esta Tercera Conferencia intergubernamental es el haber dado la palabra a representantes de la sociedad civil, lo que no había sucedido en las conferencias anteriores. En esta perspectiva señala Dulcey-Ruiz que en la Conferencia se aprobó integrar la Declaración de la Sociedad civil al documento oficial de los gobiernos. Sin embargo, hay que aclarar que esta decisión no aparece en el mencionado documento. Otros aspectos que a juicio de Dulcey-Ruiz deben resaltarse son los siguientes: el énfasis en la seguridad social de las personas mayores; el reconocimiento de que el cuidado a las personas mayores en lo posible debe brindarse en su ambiente familiar sin que implique responsabilidad exclusiva de la familia, antes bien, los cuidadores deben recibir remuneración económica por parte del Estado.
Por último, la directora de Cepsiger, enfatiza como hecho positivo la continuidad de algunos delegados gubernamentales, lo que habla bien de la seriedad con la que sus países quieren asumir sus compromisos frente al envejecimiento y la vejez. Esta actitud contrasta con lo que se observa en otros países, entre ellos Colombia, los cuales envían a cada evento personas diferentes y desconocedoras de los temas relacionados con el envejecimiento y la vejez.
Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10
En el mismo país, en la localidad de Tres Ríos, los días 6, 7 y 8 de mayo, previos a la conferencia intergubernamental, tuvo lugar la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10, en la cual, como el nombre lo indica se hicieron presentes representantes de organizaciones sociales y redes, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Como hecho significativo se registra la participación numerosa y activa de personas mayores.
La reunión de la sociedad civil expidió la Declaración de Tres Ríos Costa Rica (www.helpage.org/download/4fb2818a186a9/), un documento en el que se hace una descripción cruda de la situación de las personas mayores en América Latina y el Caribe, cuyos derechos “siguen siendo vulnerados”. La tesis que, a mi juicio, sintetiza la problemática de la vejez y de la cual se derivan todos los demás aspectos de dicha problemática, está contenida en el primer punto de la Declaración: “… A la gestión en relación con la vejez y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los mismos. En este contexto, las personas mayores continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta de acceso a la justicia”.
De esta premisa se deriva la situación de inequidad en que viven la casi totalidad de las personas viejas en nuestros países: la falta de conocimiento que las políticas públicas evidencian sobre la vejez y su gran diversidad según género, etnia, cultura y contextos socioeconómicos; la falta de prioridad y de presupuesto de las políticas públicas sobre la vejez; los modelos de sistemas de salud implementados en los diferentes países que impiden el acceso de las personas mayores a este servicio fundamental, desatienden sus necesidades más prioritarias y no tienen en cuenta las características de la atención a las personas mayores; la falta de empleo y la informalidad que excluyen de la seguridad social y de la posibilidad de gozar de una vejez digna; los sistemas de pensiones de capitalización individual que generan inequidad y exponen a sus usuarios a los riesgos financieros; la tarea del cuidado a las personas mayores como responsabilidad de la familia, especialmente de las mujeres mayores, sin que el Estado asuma las responsabilidades que tiene en este aspecto; la no comprensión del significado de participación del adulto mayor, reducido al papel de beneficiario u objeto de la acción de los otros; las visiones negativas y la estigmatización de la vejez y el envejecimiento; la confinación de las personas viejas, sin su consentimiento, en establecimientos de “larga estadía” y con servicios de mala calidad.
A partir de este diagnóstico, la sociedad civil hace una serie de recomendaciones a los gobiernos con el fin de que garanticen los derechos humanos y los derechos especiales de la vejez a las personas mayores. Lo que, en últimas, significa que haya coherencia entre el discurso sobre los derechos y el cumplimiento de los mismos.
